La publicación este miércoles en el Boletín Oficial del Decreto 599/24 y sus anexos, cuyo objetivo principal es desregular y modernizar el transporte aéreo en la Argentina, establece un antes y un después para la actividad. Una reforma que incentiva la oferta y la competencia, además de simplificar los trámites, y que pone a la actividad en línea con los estándares internacionales en la materia.
Obviamente, y como no podía ser de otra manera, están quienes se oponen al contenido del Decreto que firmaron Javier Milei, Luis Caputo y Guillermo Francos, que son aquellos que defienden los privilegios de empresas como Aerolíneas Argentinas – que ahora pasa a ser una empresa más, con los mismos derechos y obligaciones de las demás – e Intercargo. En particular, algunos gremios aeronáuticos, como APLA (pilotos) y AAA (auxiliares de a bordo) que amenazaron con medidas de fuerza – no hablaron de paro – a partir del viernes, inicio de vacaciones de invierno. Reclamo que se suma a un anterior pedido de reajuste salarial.
Entre los puntos más destacados del decreto obviamente está la desregulación del mercado aerocomercial, la eliminación de barreras para nuevas empresas y la desregulación de tarifas y frecuencias. Además de la eliminación de privilegios estatales, total transparencia en el modo en el que se asignan las posiciones y horarios, no más audiencias públicas para el otorgamiento de rutas y el final del monopolio de Intercargo. Lo que abre el camino para que también Aerohandling lo pueda brindar a terceros.
Dos cambios fundamentales, tras las reglamentaciones correspondientes, serán la posibilidad de brindar servicios de cabotaje con aeronaves de matrícula extranjera, como ocurre en buena parte de la región, y hasta tripulaciones de otra nacionalidad.
Uno de los cambios más aplaudidos por el sector es la desburocratización de los trámites en el Estado, como, por ejemplo, el Certificado de Explotador de Servicio Aéreo (CESA), documento fundamental para empezar a volar, ya que la autoridad competente ahora contará con 15 días hábiles para expresarse. De no hacerlo en dicho plazo, el solicitante podrá pedir pronto despacho y si en cinco días no se recibe se emitirá automáticamente.
También quedarán en la historia las audiencias públicas para solicitar nuevas rutas ya que las mismas se solicitarán por un sistema digital con un plazo acotado para la respuesta. (Fuente: Aviación News).